La Universidad Nacional de Lanús (UNLa) se ubicó en el primer lugar del Índice de Transparencia Activa de las universidades nacionales elaborado por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), órgano rector de la Ley N° 27.275 que evalúa a todos los organismos de la Administración Pública Nacional (APN).

La AAIP monitorea y evalúa qué, cómo, con qué frecuencia y cuánta información pública se encuentra disponible en los sitios webs de los organismos públicos en cumplimiento con la ley. En ese marco, la UNLa presentó su portal de “Planificación, evaluación y trasparencia” (pyeg.unla.edu.ar). Allí, en el apartado referido a la transparencia activa, pueden encontrarse datos precisos sobre el organigrama de autoridades y la cantidad de personal con sus respectivas categorías y escalafón; las escalas salariales actualizadas de los docentes y nodocentes; datos acerca de compras y contrataciones, presupuesto, auditorías, actos administrativos y declaraciones juradas. Incluso hay un botón para solicitar más información.

Para Matías Mattalini, director de Planificación y Evaluación de la Gestión de UNLa, el resultado del relevamiento “cuenta del compromiso y la responsabilidad” de la Universidad “con la generación de datos abiertos a la ciudadanía”.

Las 10 universidades más transparentes del país
Con un puntaje de 61/100, la UNLa lidera el ranking de transparencia entre las 55 universidades nacionales públicas. Completan los 10 primeros lugares las de Entre Ríos (60/100), UBA (59/100), Mar del Plata (58/100), La Plata (55/100), San Martín (53/100), Quilmes (52/100), La Pampa (49/100), Litoral (46/100) y del Sur (42/100).

“La transparencia activa implica la obligación, por parte de las organizaciones que reciben fondos del Estado, de poner a disposición de la ciudadanía información pública de manera periódica y en formatos accesibles. De esta manera, se promueve la transparencia en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas, así como la participación ciudadana y el ejercicio de derechos”, explica el sitio argentina.gob.ar.

Este estándar incluye algunas premisas que son consideradas por el índice, a saber: unificación visual y de usabilidad; descentralización del acceso (un link específico en cada web institucional); centralización de la información ya existente (se debe privilegiar siempre referenciar o actualizar los datos en un solo punto para no duplicar información); ausencia de barreras (si la información se encuentra detrás de un formulario no se tiene en cuenta, por ejemplo declaraciones juradas) y actualización cada 90 días de la información, siendo que esa actualización tiene que estar informada en la web.