Mediante una medida cautelar, el organismo que conduce Guido Lorenzino puso el foco en los pasivos ambientales que posee la empresa, cuya obligación de recomponerlos sería dejada de lado ante la reducción de inversiones y la flexibilización de las obligaciones que habilitaría la reconfiguración del contrato de concesión de la firma.

Puntualmente, se señala a la contaminación y el daño ambiental producto del deterioro estructural del sistema, la vulnerabilidad hídrica y sanitaria, el déficit histórico de cobertura y los pasivos operativos, que presentan problemas estructurales reconocidos incluso por la propia Aysa y que afectan a millones de personas.

Ante esto, la Defensoría exigió que se frene la aplicación de cualquier acto administrativo, financiero u operativo, como sería una privatización, que pretenda rebajar el estándar de exigencia ambiental o recortar el presupuesto de mantenimiento, saneamiento y remediación que AySA posee en los 26 municipios bonaerenses donde opera.

"Estamos ante una decisión sumamente riesgosa e inconstitucional. El agua potable y el saneamiento son derechos humanos fundamentales y no simples bienes comerciales que se pueden ajustar por rentabilidad financiera. No podemos permitir que bajo la excusa de una privatización se transfiera una deuda ambiental millonaria al Estado o a las personas, dejando a las y los bonaerenses expuestos a la contaminación y al abandono de obras esenciales", sostuvo Lorenzino.

Además, la Defensoría reclamó que se realice de forma obligatoria una auditoría externa integral de carácter científico, ambiental y sanitario, orientada a identificar con total precisión todos los pasivos ambientales y sitios contaminados acumulados por AySA antes de avanzar con cualquier modificación en su esquema societario o contractual.